Por Hernán López
A pocas horas de las primarias nacionales y bonaerenses, el punto de despegue camino a la sucesión y cambio de autoridades, hay un tema que vuelve a quedar afuera de la discusión electoral, siendo, quizá, la cuestión medular por solucionar en la Provincia de Buenos Aires: la injusticia fiscal en materia de Coparticipación Federal, que remonta a la ley actual de 1988 y los cambios sufridos en años siguientes.
Apenas Jaime Linares, precandidato de Progresistas, y algunos otros dirigentes plantearon la problemática. Anclados no sólo en el atraso que sufre la provincia sino, concomitantemente, la concentración de recursos por parte de Nación.
El Gobierno nacional, para decirlo directamente, acapara prácticamente el 76 por ciento de la recaudación y reparte sólo el 25 a las provincias en su conjunto, una masa largamente inferior a la fijada por la Ley de Coparticipación sancionada hace más de 27 años. Esa normativa fijaba que el 56,6 por ciento de los recursos recaudados por el poder central tenía que ir a las arcas provinciales, correspondiéndole un porcentaje de esa porción a cada una de ellas.
La norma actual, sancionada en 1988 como producto de un acuerdo político entre el peronismo y el radicalismo, concede ese total a las provincias. Y a Buenos Aires corresponde el 21 por ciento de esa masa, por debajo del porcentaje que recibía hasta antes de ese año (equivalía al 27 por ciento del total otorgado a los estados provinciales, que era del 47 por ciento sobre la recaudación total).
Sin embargo, los desajustes más grandes vinieron años más tarde. La debacle financiera de Buenos Aires -y en menor medida otras provincias- arrancó con la firma del primer Pacto Fiscal en 1992: este acuerdo, apoyado por todos los Gobernadores -entre ellos Eduardo Duhalde-, quitaba el 15 por ciento de la coparticipación para solventar la caja de la ANSeS, órgano que arrastraba con un enorme agujero financiero en ese tiempo e iba a quedar desguarnecido cuando las jubilaciones fueron privatizadas.
Para Duhalde no era un problema porque contaba con el 10 por ciento de la recaudación del Impuesto a las Ganancias, que Nación giraba por concepto del Fondo de Reparación Histórica del Conurbano. Ese monto regía desde 1991 pero el ex Gobernador de la provincia acordó con Carlos Menem un tope a ese total, fijándolo en 650 millones de pesos, una cifra importante para esos tiempos pero insignificante en épocas modernas -en 2014, el Gobierno central recaudó 1.1 billones de pesos por Ganancias, es decir que, de regir el fondo como hasta 1996, la provincia habría recibido nada menos que 110.000 millones de pesos-.
El Impuesto al Cheque y el régimen de retenciones acentuaron los desajustes, perjudicando a las provincias y dejándolas sepultadas nuevamente.
Esto tendría que ser discutido en medio de la campaña. Es, probablemente, el tema central de la provincia y madre de todas las batallas. Pero salvo por algunas expresiones aisladas, nadie lo debate.
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